Instituciones Educativas y Poblaciones Vulnerables

En las últimas décadas se ha producido un incremento significativo de la diversidad en la población de las escuelas, lo cual sin duda representa un reto importante para la educación actual. El principal problema radica en el hecho de que en general la escuela y sus docentes no están preparados para trabajar con grupos heterogéneos de estudiantes. De esta manera, aquellos alumnos que pertenecen a alguna minoría cultural o lingüística, que presentan una discapacidad física o intelectual, o que simplemente provienen de contextos socio-económicos desfavorecidos, suelen tener mayores dificultades, no sólo en términos de los resultados académicos conseguidos, sino también en lo referente a la participación activa en la vida escolar, como consecuencia de que la escuela no tiene en cuenta sus condiciones y diferencias de origen a la hora de llevar a cabo el proceso educativo. Y con ello se tiende a mantener y, en muchos casos, se agudizan las desigualdades educativas entre los estudiantes que plantean mayores retos de aprendizaje y el alumnado “privilegiado” que carece de tales dificultades. El enfoque de la educación inclusiva, que subraya la necesidad de que el sistema escolar global mente considerado se transforme en cuanto a sus aspectos físicos, curriculares, las expectativas y los estilos de los docentes y los roles de los líderes de modo que sea posible ofrecer una educación para todos, parece ser una primera aproximación adecuada para luchar contra esa brecha. Sin embargo, dicho enfoque se ha centrado en exceso, seguramente por sus orígenes, en los niños y niñas con discapacidades, a quienes se los categoriza dentro del conglomerado de alumnos con necesidades educativas especiales, por lo que hay que seguir insistiendo en trabajar por superar las barreras a todas las formas de marginación, exclusión y de bajo rendimiento, independientemente de su origen. El propósito de la educación inclusiva y, en particular, de una educación inclusiva para la justicia social, debe ser el de eliminar todo indicio de exclusión, ya sea por la pertenencia a determinada clase social, etnia, religión, género, o bien por la orientación sexual, la lengua materna, la cultura de origen o la manifestación de ciertas habilidades. En este contexto, dar respuesta al derecho humano básico de recibir una educación de calidad se hace cada día más complejo, pero también más necesario. Planteamientos y enfoques que hasta hace poco habían resultado satisfactorios hoy se muestran inequitativos y, con ello, ineficaces. Así, frente a postulados que centrados en el trabajo del docente individual, del proceso de enseñanza y aprendizaje, cada día se reafirma más la necesidad de un abordaje conjunto por parte de toda la escuela bajo los supuestos del trabajo colaborativo. Y, con ello, se destaca el rol clave del liderazgo por conseguir una educación inclusiva para la justicia social.